El rol de las mujeres en la política y la violencia contra aquellas que la ejercen

El rol de las mujeres en la política y la violencia contra aquellas que la ejercen

Por Piedad Córdoba Ruíz
Lima, Perú 

La participación política de las mujeres  en Colombia es muy reciente, solo hasta el año 1957 pudieron ejercer su derecho al voto, nadie se los otorgó como una dádiva sino que fue producto de sus acciones pacíficas y políticas para que fueran tenidas en cuenta en la agenda legislativa y ejecutiva. Desde ese año hasta hoy, el porcentaje de mujeres en los cargos de elección popular, como alcaldías, gobernaciones, asambleas, concejos y el Congreso de la República, no supera el 22,5 %. Es decir que después de más de 60 años de este importante hecho, es mucho lo que aún nos falta lograr como sociedad para reconocer el rol que las mujeres han desempeñado y desempeñarán en el desarrollo de nuestro país.

Los avances de nuestro país en la superación de las barreras de desigualdad en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres han sido significativos en el ámbito normativo al ratificar convenios y compromisos internacionales en lo que respecta a la promoción de  sus derechos para ejercer la política, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, art 23), Pacto de derechos civiles y políticos (art 25), Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), Cuarta Conferencia de Beijing (1995). Sin embargo, aún faltan leyes que ayuden a consolidar el compromiso con estas normativas internacionales en lo que se refiere a superar los obstáculos que discriminan y desalientan a las mujeres para no participar en los niveles de decisión  al interior de los partidos políticos y del Estado.

La violencia contra las mujeres en la política es una problemática cotidiana y vedada en nuestro país debido a la falta de medidas y mecanismos que la tipifiquen para que las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos la detecten y puedan activar rutas de atención y protección a las mujeres víctimas de este flagelo. Además, al no encontrarse ni siquiera tipificada dificulta que se denuncien hechos de violencia, lo cual conlleva a que las mujeres que la padecen teman visibilizar sus casos y opten por el silencio, o peor aún por retirarse de sus cargos públicos y/o partidarios. Esto último representa una consecuencia nefasta para la democracia de nuestro país y al mismo tiempo nos debe  alertar sobre la necesidad de tomar urgentemente medidas que ayuden a superarla.

Según  el Mapa Mujeres en Política 2017 presentado por la Unión Interparlamentaria (IPU) y ONU Mujeres, se refleja un lento progreso en el ranking global de mujeres en las ramas ejecutiva y parlamentaria; se presenta una leve disminución en el número de países con una mujer jefa de estado de 19 a 17, de acuerdo al mapa de 2015 y el crecimiento en el número de mujeres parlamentarias a nivel mundial sigue siendo lento, menos de 1%, de 22.6% en el 2015 aumento en 23.3% en 2016. En lo que respecta  a Colombia, en relación a las mujeres en el Congreso de la República, Colombia ocupa el puesto 106. Colombia eligió 21% de mujeres en Congreso de la República, 19.8% de mujeres electas a la Cámara, y 22.5% al Senado, En cargos locales y departamentales los porcentajes corresponden a: 16.6% Concejos, 16.7% Asambleas, 15.6% Gobernaciones y 12% Alcaldías. El país se encuentra por debajo del promedio mundial -23.3%- y continental en América Latina -28.1%- de participación de las mujeres en el Congreso de la República.

El panorama no es alentador, ya que en lo que respecta a la nueva nomina parlamentaria, de los 258 congresistas posesionados el 20 de julio de 2018, 52 son mujeres: el 20 % del total. Como resultado de la contienda electoral de este año, 23 mujeres lograron una curul en el Senado de la República y 29 candidatas llegaron a la Cámara de Representantes, los mismos escaños logrados por las mujeres en las elecciones legislativas de marzo de 2014. Esto a pesar de las medidas tomadas por los partidos políticos en lo que respecta a la cuota de 30% en las listas, exigidas por la ley 1475/2011.

Además de estas cifras sobre la poca participación  de las mujeres en cargos de elección popular, vemos como algunas mujeres, que lograron quedar electas están sometidas a hechos de violencia que las atemoriza y desaniman a continuar ejerciendo la política, y envía un mensaje temerario del riesgo que  corren las mujeres en la política. Según la investigación del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, NIMD “Mujeres y participación política en Colombia. El fenómeno de la violencia contra las mujeres en política” (2016), de  166 casos de mujeres que fueron electas para cargos públicos entre 2012 y 2015, mostraron que el 63 % de las encuestadas fueron víctimas de violencia por el solo hecho de ser mujeres. El acto que ellas calificaron como el más frecuente (23,8 %) fue restringirles el uso de la palabra, seguido del ocultamiento de los recursos financieros o administrativos durante su gestión (22,3 %). Seis de cada 10 mujeres se reconocieron como víctimas de algún tipo de violencia sistemática. De acuerdo con dicha investigación, la violencia fue medida en actos concretos como: la desestimación de sus argumentos, amenazas contra sus hijos o familiares, insultos como “brujas”, “locas”, “brutas” o “menopáusicas”, rumores de infidelidades, malos tratos físicos y verbales y hasta el hecho de apagar los micrófonos mientras sesionaban.

De las mujeres encuestadas en cargos plurinominales, el 47% reportaron que la mayor parte de los perpetradores eran colegas de la corporación a la que pertenecían, el 34% reportó que eran miembros de su propio partido, el 32.9% afirmó que fueron servidores públicos, y el 31.87% fueron víctimas de actos por parte de ciudadanos. Entre las alcaldesas, el 43.7% reportó que le faltaron al respeto y el mismo porcentaje reportó que se le cuestionó su capacidad para ejercer su labor, fueron llamadas por apelativos y recibieron amenazas. El 31% fue objeto de acusaciones. En el caso de las alcaldesas, el 85.7% reportó ser víctima de acciones por parte de ciudadanos, el 42.86% por parte de miembros del Concejo, el 28.57% por miembros de la comunidad y un 12.43% por parte de miembros de su propio partido.

De los casos presentados en la investigación, varias mujeres afirmaron que los hechos de violencia los asumió como el costo de hacer política; entre las mujeres de cargos plurinominales fue de 34.07% y entre las alcaldesas fue de 57.14%. Frente al tema de denuncias, afirma la investigación que el 29% de las mujeres en cuerpos colegiados denunció los hechos ante la opinión pública y un 23.08% lo hizo ante una autoridad. El 16.4% permaneció en silencio, aunque se sintió maltratada. Entre las alcaldesas el 42.86% denunció ante la opinión, el 28.57% ante las autoridades y el 7.14% permaneció en silencio. Quienes impusieron denuncias las hicieron ante Policía Nacional, Fiscalía General, personería, Defensoría y Procuraduría, pero las encuestas revelaron en más de un 60% que al abrirse la investigación no ocurrió nada.

En conclusión, lo que arroja esta investigación del NIMD es que las mujeres electas y que ejercen la política son sometidas a hechos de violencia, por ser mujeres, se les estigmatiza y agrede bajo estereotipos que perpetúan la subvaloración, desigualdad y discriminación de estas, además, los hechos violentos contra estas se normalizan por ellas mismas creyendo que “es el costo y el riesgo que hay que asumir”, esto se da primero porque muchas mujeres no son conscientes de qué hechos constituyen violencia, (por lo cual urge que se tipifique) y cuando tienen certeza de la violencia y se animan a  denunciar no pasa nada ni en sus partidos, ni en las corporaciones que representan y tampoco en las instituciones encargadas de proteger, investigar y sancionar y ni que decir de la sociedad  que en lugar de exigir medidas termina señalándolas y justificando la violencia ejercida contra ellas.

Todo lo anterior, permite definir la violencia contra las mujeres en la política como las acciones y omisiones de personas, Estado, servidores públicos, colegas, partidos políticos, etc., dirigidas a las mujeres, afectando sus derechos civiles y  políticos, menoscabando la democracia.  Esta tiene lugar en cualquier esfera: política, económica, cultural, social, civil, etc. y se da dentro de la familia, sociedad, partidos políticos, es decir incluye el espacio público y privado  y además es simbólica, verbal, física, psicológica y patrimonial.

No podemos pasar por alto que esta violencia se da en razón de género cuando se dirige a una mujer por ser mujer y tiene un impacto diferenciado de acuerdo al contexto, intersección y estereotipos; las situaciones y condiciones de muchas mujeres, le otorgan a la violencia otras dimensiones cuando se da en contextos de conflicto armado, analfabetismos, pobreza, etc. Además el sexo y el género conviven con otras categorías que profundizan la violencia como: raza, religión, condiciones físicas, orientación sexual e identidad de género, es decir que el ejercicio de los derechos políticos se complica para las mujeres indígenas, afros, lesbianas, transexuales. A todo esto le agregamos el riesgo y los efectos de los estereotipos que la sociedad impone como por ejemplo cómo deben ser las mujeres, cómo deben comportarse.

Frente a las situaciones de la violencia contra las mujeres que hacen política, el Estado colombiano debe realizar más esfuerzos para garantizar el fortalecimiento de la democracia, respeto e igualdad de las mujeres, protección de sus derechos civiles y políticos, para lo cual es importante contrarrestar los obstáculos que las mujeres enfrentan en el ejercicio de la política, en consecuencias urge crear mecanismos legales enmarcados en las obligaciones internacionales firmadas por Colombia que eviten, prevengan, sancionen y reparen.

La mejor manera de evitar y prevenir es superando la impunidad, que de acuerdo a la CIDH “envía mensaje de que la violencia contra las mujeres es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema  de administración de la justicia”

Si hay alguien que puede hablar de la discriminación y violencia política contra las mujeres, soy yo, porque en mi país,  el poder político y los medios de comunicación construyeron un relato único e incompleto sobre mí como mujer, ese relato me colocó rótulos de terrorista, guerrillera, apátrida, y han sido más de 20 años cargando con una historia que no es la mía; una historia acompañada de amenazas, señalamientos, agresiones físicas, persecuciones que  llegaron a costarme mi curul en el senado, y lo más triste es que todas estas ignominias se fueron trasladando  a mis hijos, madre y hermanos, amigos y allegados. Las historias que se tejieron sobre mí nunca han contado en realidad quien soy yo; madre, hija, hermana, buena bailadora, conocedora de arte, música, política, mujer integra, capaz, inclaudicable con las luchas de mi gente, dispuesta a los sacrificios como ya lo demostré en las liberaciones de los secuestrados.

Mi referencia a todo lo anterior es porque ya es tiempo de contar nuestras historias, de dignificar nuestro rol en la sociedad, de reivindicarnos como los faros que iluminamos las travesías de los hombres por el mundo, es decir nuestra conexión entrañable con los cambios que se requieren para que el mundo sea más justo y equitativo y aquí permítanme referenciar a la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi cuando expresa que “la consecuencia del relato único es la siguiente: priva a las personas de su dignidad. Nos dificulta reconocer nuestra común humanidad. Enfatiza en que nos diferenciamos en lugar de en qué nos parecemos”

Por eso mi invitación es a que contemos las historias de las mujeres, las reales, lo que hemos hecho en pro de la humanidad para que hagamos juntas un “equilibrio de relatos” y de esta manera no permitamos que el poder imponga un relato único sobre nosotras, porque esos únicos relatos se han utilizado para desposeer y calumniar y nuestros relatos han de usarse para facultar y humanizar y de esta manera restaurar nuestra dignidad. Y creo que en esta labor los hombres y mujeres que trabajan en pro de la comunicación política pueden aportar mucho y ayudar para que en América Latina cada vez haya más presidentas, alcaldesas, gobernadoras, congresistas y aquí quiero resaltar la gran participación de mujeres que cada día se vuelve mayor en este tipo de eventos, demostrando con ello que nosotras tenemos mucho que proponer en el ámbito de la política.

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